Trump, queriendo encender el celo de su base electoral rural, ha insistido que la ciudad de Nueva York es uno de los tres lugares que "han permitido que persista la violencia y la destrucción de propiedad y se han negado a tomar medidas razonables para contrarrestar las actividades delictivas". Según el presidente, esto la llevó a ser designada como una "jurisdicción anarquista", dijo el lunes el Departamento de Justicia.

Pero no todo es palabras huecas, pues la designación tiene posibles consecuencias financieras. El presidente Trump emitió un memorando a principios de este mes en el que ordenaba al Departamento de Justicia que identificara las jurisdicciones que, en su opinión, no estaban haciendo cumplir la ley de manera adecuada. Las ciudades designadas podrían perder sus fondos federales.

El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, no se anduvo con rodeos al responder a la evaluación del DOJ.

“Estuve en Elmhurst Queens esta mañana, vi paz, tranquilidad, vi gente ocupada en sus asuntos, gente emocionada porque es el primer día de clases; vi cualquier cosa menos anarquía. Este es solo otro de los juegos del presidente Trump ", dijo en su conferencia de prensa diaria. "Es un insulto para la gente de la ciudad de Nueva York y su esfuerzo por retener nuestra financiación es inconstitucional".

El Fiscal de la Ciudad de NYC dijo que pelearán en la Corte.

 Trump emitió una orden el 2 de septiembre donde le da al Director de la Oficina de Administración y Presupuestos solamente 30 días para emitir una guía para las agencias federales sobre la restricción en la elegibilidad para subvenciones federales ciudades que estén en la lista del Departamento de Justicia de Bill Barr.

Tales subvenciones representan una gran parte del presupuesto anual, ya limitado de la ciudad de Nueva York: más de $ 7 mil millones solo en el año fiscal 2021, o el 7.5% de los ingresos totales proyectados de la ciudad.

Al justificar su decisión, el Departamento de Justicia citó el aumento de la violencia armada en la ciudad de Nueva York, los recortes al presupuesto de la policía de Nueva York y las medidas de varios fiscales de distrito para no procesar los cargos relacionados con las protestas a principios de este verano.