En un previsible acto de demagogia propia de los líderes de cerro de Latinoamérica, el presidente Donald Trump declaró el jueves que es "la política de los Estados Unidos" proteger a las personas con condiciones preexistentes, mientras que también demandará desechar las problemáticas faltas de coberturas que sufren actualmente las personas con condiciones preexistentes.

Trump planea firmar una orden ejecutiva en Carolina del Norte para establecerla como "política de gobierno", según los funcionarios de la Casa Blanca. Pero incluso ellos admiten que no tendrá ningún efecto legal. Es puff, vacío, nada, palabrería.

Al mismo tiempo, la Casa Blanca se ha unido a una demanda presentada por 20 estados liderados por los republicanos que intentan revocar toda la Ley de Cuidado de Salud Asequible, que prohíbe a las aseguradoras negar la cobertura o aumentar los precios de las personas con condiciones de salud preexistentes. Ese caso se presenta ante la Corte Suprema para argumentos orales el 10 de noviembre.

El anuncio del jueves fue presentado como "La visión del Presidente Trump sobre el cuidado de la salud en América" pero no contenía ninguna acción tangible. Trump ha prometido desde hace tiempo un "hermoso" y "fenomenal" plan de salud que proporciona a todos una mejor cobertura a un menor costo, pero su administración nunca reveló ningún plan de reforma integral, incluso cuando estaba tratando de anular la Ley de Cuidado de Salud Asequible.

Los dos pilares de la visión de Trump sobre el cuidado de la salud del jueves se reducen esencialmente a dirigir al Congreso -que ha fallado repetidamente en revocar el Obamacare o en ofrecer un plan de reemplazo consensuado- para resolverlo. Es decir, Trump no quiere realmente hacer nada, solo hacer demagogia para ganar la reelección.

Al preguntarle cómo se protegerá a las personas con condiciones preexistentes si se revoca el Obamacare, el Secretario de Salud y Servicios Humanos, Alex Azar, dijo, "trabajaremos con el Congreso o de otra manera para asegurarnos de que estén protegidos".

El plan también promete prohibir la facturación médica abusiva, pero sólo después de las elecciones. La orden ejecutiva ordena al Congreso a aprobar una legislación para poner fin a la práctica de la facturación abusiva -cuando una persona va a un hospital dentro de su red de seguros, pero sin embargo se ve afectada por las facturas médicas porque los trabajadores del hospital están fuera de la red- para el 1 de enero de 2021.

Aunque es ampliamente ridiculizado como una explotación poco ética de los pacientes vulnerables, la facturación abusiva es, sin embargo, un negocio lucrativo para los que hacen la facturación. Los médicos y las compañías de seguros han estado en una guerra, y haciendo lobby, para "arreglar" el problema; el Congreso no ha hecho nada para detenerlo.

Dados los pasados fracasos del Congreso para actuar sobre la facturación médica, la proximidad de las elecciones, la necesidad de evitar que el gobierno cierre a finales de septiembre, y la próxima lucha por un candidato a la Corte Suprema en el Senado, el plazo del 1 de enero es, en el mejor de los casos, optimista.

Si el Congreso no cumple con el plazo, Azar se encargará de explorar otras opciones. Azar no ha dicho cuáles podrían ser. Cuando le preguntaron por qué no actúan ahora, Azar dijo que el plan "es lo que es".