El presidente electo, Joe Biden, ha prometido que no construirá un centímetro más del muro en la frontera sur en sus primeros 100 días de Gobierno, pero su compromiso se topará con trámites burocráticos y prolongadas negociaciones por la cancelación de contratos, afirmaron este martes varios expertos.

Dentro de su plan para la seguridad fronteriza,  Biden eliminará la “emergencia nacional” que declaró en febrero de 2019 el presidente, Donald Trump, para canalizar fondos federales del Pentágono a su megaproyecto fronterizo de más de 20,000 millones de dólares.   

Trump recurrió a esa cuestionada estrategia después de que el Congreso le negara los fondos en varias ocasiones.

Biden ha dicho que un muro hará poco por disuadir a los carteles de la droga y bandas delictivas y que, en cambio, su Gobierno invertirá recursos para una vigilancia “inteligente” de la frontera, con mejor infraestructura de monitoreo en los puertos de entrada.

Así, el legado de Trump será, para efectos prácticos, las 415 millas que se han instalado en varios tramos de la frontera con México, la mayoría de éstas como barreras de reemplazo.

Ese sentido, las compañías privadas que han logrado jugosos contratos federales para el muro fronterizo tendrán derecho a solicitar indemnización por los gastos implicados en desarticular el megaproyecto, según explicó el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, a cargo de supervisar 46 obras del muro en la frontera del suroeste, 37 de las cuales están en marcha.

Biden iniciará su mandato el próximo 20 de enero con una larga lista de promesas, si bien ha dejado en claro que la reactivación económica y el combate a la pandemia del COVID-19 encabezarán sus prioridades.

Así como Trump suspendió decenas de reglamentos para la protección ambiental y cultural para avanzar en la construcción del muro, a Biden le tocará “desalambrar el camino”, para dar paso a su propia política migratoria, según activistas.

Desandar el camino

Expertos consultados hoy aseguraron que Biden puede y debe frenar la construcción del muro fronterizo, y será clave que gire instrucciones claras al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por su sigla en inglés).

“De un solo plumazo, el presidente electo Biden podría cancelar todos los contratos para que los equipos de construcción despejen la zona. Eso protegería de una destrucción permanente a bellos lugares de la frontera, y le ahorraría al fisco miles de millones de dólares desperdiciados en el proyecto de vanidad de Trump”, dijo Laiken Jordahl, activista del Centro para la Diversidad Biológica.

Jordahl, un biólogo que trabajó para el Servicio Nacional de Parques, señaló que todos los contratos tienen una ”cláusula de cancelación”, y Biden puede “ejecutarla desde el primer día de su presidencia”.

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Biden debe anular de inmediato las exenciones ambientales de Trump que, con impunidad absoluta,  “dinamitaron sitios sagrados de tribus nativo-americanas, demolieron terrenos públicos antes protegidos, y pusieron a la vida salvaje al borde de la extinción”, afirmó Jordahl.

En todo caso, la cancelación de contratos sería un simple trámite y el monto que pagaría el Gobierno de Biden sería poco “en comparación con el gasto de  miles de millones de construir y dar mantenimiento a más millas de muro”,  y de resolver las decenas de demandas pendientes contra el muro, enfatizó.

Por su parte, Javier Sierra, portavoz hispano del Sierra Club, explicó que la Administración Biden suscribiría acuerdos de compensación con los contratistas, cuyo monto no excedería el costo del contrato original menos los pagos ya realizados.

Sería una transacción menos costosa que el seguir botando dinero en un proyecto que perjudica a las economías locales, y al medio ambiente, agregó Sierra.

En cuanto al cronograma, Sierra vaticinó que solo tomaría algunas semanas el notificar a los contratistas y frenar por completo el proyecto, para luego emprender, a largo plazo, “la tarea de limpiar” todo el daño ambiental que causó en los ríos, zonas de inundación, áreas silvestres, y sitios sagrados.

Jessica Bolter, una analista política del Migration Policy Institute, señaló que el DHS podría frenar la construcción del muro incluso antes de que se negocien acuerdos con los contratistas.

“Esto puede ocurrir muy rápido, y es posible que sea una alta prioridad para la administración Biden, porque el muro fronterizo representa las políticas del presidente Trump en la frontera. Frenar su construcción sería un poderoso símbolo de un rumbo distinto”, argumentó Bolter.

Según la experta, Biden puede además ordenar al Departamento de Justicia a que abandone las demandas pendientes para expropiar terrenos privados para la construcción del muro, y negocie un acuerdo con los terratenientes afectados.

Asimismo, Biden ha dicho que no desmontará las partes del muro que ya estén finalizadas, por lo que es poco probable que su Gobierno tome medidas para derrumbarlo, señaló Bolter.

El muro ha dividido al Congreso: los demócratas apoyan su cancelación, mientras que los republicanos, y grupos afines como el Concejo Nacional de la Patrulla Fronteriza, consideran que sería un error frenarlo, especialmente en lugares estratégicos de la frontera. 

Un proyecto inmerso en escándalos

En la actualidad, hay un racimo de demandas contra el muro fronterizo, encabezadas por gobiernos estatales, grupos cívicos y ecologistas, y de dueños de propiedades afectadas por el proyecto. El mes próximo habrá una audiencia sobre una de ellas.

Es que el proyecto enfrentó problemas desde el principio, no solo por las demandas sino también por el agrio debate político en el Congreso sobre su financiación, y, más recientemente, por la conducta de algunos contratistas beneficiados por el proyecto.

Según una queja desvelada ayer en el distrito sur de California, tres informantes anónimos indicaron que la empresa Sullivan Land Services Co. LTD, que ha recibido más de 1,400 millones de dólares en contratos en California, Texas y New Mexico, y su subcontratista, Ultimate Concrete of El Paso, permitieron que mexicanos armados ofrecieran “servicios de seguridad en lugares sensibles” cercanos a las obras.

Esos ciudadanos mexicanos “cruzaron ilegalmente la frontera a Estados Unidos, portando armas”, sin que lo supieran las autoridades y en clara violación de las leyes federales, según los documentos.

Los contratistas tomaron represalias contra los informantes cuando se destapó la noticia y, además, falsificaron documentos para cobrarle de más al gobierno federal, indicó la queja.